Es una embarcación sin capitán que se deja llevar por el viento o por la corriente, quien tenga más fuerza fijará rumbo. No hay flanco que deje sin golpear, se comportan son como unos lemmings que no se detendrán, aunque caigamos al abismo, no importan los pensionistas hay que ir al asalto de las arcas de la ONP y las AFP, tampoco el dinero de los ahorristas porque no se pagaran intereses ni créditos, que se reparta la plata en lugar de preservar los centros de producción, pero ahí no para la cosa, hay que destruir la poca institucionalidad que existe y acabar con las regulaciones. Mientras el pueblo peruano ha resistido a pie firme con el estómago vacío, los congresistas proponen el saqueo de los bienes nacionales. 

En términos políticos y mediáticos en el plano educativo lo más sonado ha sido el ataque a la SUNEDU y al ministro de Educación que fuera el anterior Superintendente. Las razones no parecen ser otras que la inquina de los congresistas que por vinculación o mandato de sus partidos defienden los intereses de timadores e incapaces afectados por no poder continuar haciendo negocios educativos sin cumplir con las condiciones mínimas de calidad. No hay razones ni argumentos en sus acusaciones, solo el interés de ver rodar la cabeza del ministro, someter a la SUNEDU y seguir avanzando en su intención de recuperar la posibilidad de entregar títulos a nombre de la nación sin valor real.

Haría bien el gobierno si acelera el proceso de traslado de los estudiantes de esas universidades a otras instituciones educativas por la menos dos razones, la primera es que no pierdan la oportunidad de continuar estudiando en centros de calidad, y la segunda es porque lo que más duele a los empresarios incapaces es seguir perdiendo dinero manteniendo una institución cuyos ingresos disminuyen más rápido que sus gastos. Podría argumentarse que esto segundo es un castigo merecido y en lugar que más les duele, pero el Estado debe velar por el bien mayor que son los estudiantes ampliando las opciones de la beca traslado y las de créditos ofrecidos a través de PRONABEC que podrían ser en muchos casos complementarios y sujetos a condiciones de rendimiento académico.

La Comisión de Educación del Congreso ha presentado 31 proyectos de ley, 10 de ellos se refieren a educación superior técnica y universitaria. En el caso de la superior técnica las intenciones son positivas, una es garantizarla (declarativa), otra la vincula a la promoción del empleo, y la última permite que graduados universitarios son título pedagógico enseñen en los CETPRO. De los seis proyectos dedicados las universidades: i) dos pretenden deshacer la reforma universitaria (ver artículo anterior), ii) uno crea el SECIGRA Agrario (suponemos que luego vendrán otros sectores), iii) otro amplía la condición de docente investigador a contratados y extraordinarios, y el iv) aparece un proyecto ya rechazado de creación de una nueva universidad (los municipios prometen universidades). Finalmente hay un proyecto de Becas por estar en la primera línea de acción frente al COVID-19, impulsado por UPP para hijos de militares, policías, bomberos, rondas, personal de centros juveniles y del INPE. de limpieza, seguridad ciudadana y fiscalización de las municipalidades.

De éstos, el que abre la posibilidad de contar con profesionales de universidades que enseñen en CETPRO y demás institutos tecnológicos, es uno de los más interesantes. La carrera técnica se ha pedagogizado excesivamente. Claro que se necesitan especialistas en aprendizaje que aumenten las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, pero no son ellos los expertos en contenidos, o más aún son los innovadores de tecnologías. Esta iniciativa debería ampliarse en al menos dos direcciones: la primera es incluyendo como profesores a expertos de las diferentes áreas productivas, que pueden ser técnicos, universitarios o incluso empíricos reconocidos; y la segunda es ampliar el horizonte de la medida incorporando a todos los institutos y escuelas de educación superior.

Impulsar una mayor integración entre la formación profesional técnica o universitaria con los sectores productivos es una medida necesaria e importante en los tiempos actuales, y aquí los proyectos sobre el SECIGRA agrario y asegurar el funcionamiento de los institutos se quedan cortos. Lo que debe promoverse es una vinculación con las MYPES y las grandes empresas, debe propiciarse una simbiosis entre la formación y la producción que apunten a una mayor innovación y productividad. Para ello lo mejor es vincular a los institutos de formación profesional con PRODUCE y MINTRA, y crear un directorio con participación de las organizaciones productivas en cada región que oriente su desarrollo. Y esta tarea no puede conducirse desde una dirección general, requiere de por lo menos un viceministerio de educación superior.

Por otra parte, los congresistas tienen la creencia de que toda disminución en los precios de las matrículas no solo es posible, sino que no afectará la calidad de la educación que se brinda, cuando en realidad lo que están haciendo es vestir a un santo con las ropas de otro. Es cierto que todos debemos hacer un sacrificio en esta situación de emergencia, pero también es cierto que hay que hacerlo sin perder la calidad de la formación que se brinda. La matrícula ha caído y seguirá cayendo en los próximos semestres y esto ocurrirá aun cuando las universidades sean públicas y gratuitas, porque muchas familias deberán asignar todas sus energías a recuperar su capacidad económica en medio de la recesión. Tanto las instituciones públicas como privadas deberán ajustarse y optimizar sus procesos, y será más difícil en tanto no cuente con fuentes de ingreso adicionales

Entre los asistentes a la Comisión de Educación, además del Ministro y del Superintendente, ha estado el jefe de PRONABEC que precisó que la institución a su cargo no dejó de brindar las subvenciones, que hay un total de 56, 227 beneficiados, y se han otorgado 3 mil créditos a estudiantes afectados por la emergencia sanitaria. Señaló que habrá una reforma del programa para establecer y mejorar los mecanismos concursales, requisitos, y circuitos de selección de futuros beneficiarios.