Para confirmar que este Congreso no dista de las intenciones del anterior para velar por la mediocridad, la Comisión de Educación elaboró una propuesta de dictamen para un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Educación para prolongar la moratoria de creación y autorización de nuevas universidades por un año. 

La Comisión ha encontrado en esta propuesta la oportunidad de jugar a tres bandas. Aprovechando los enredos legales creados por el Ejecutivo pretenden aprobar una ley que resucita a las universidades no licenciadas, crea una nueva instancia administrativa (Consejo Nacional de Asuntos Universitarios-CONAU) por encima de la SUNEDU para dirimir sobre sanciones y denegatorias de licenciamientos, e impide la multiplicación de universidades y filiales por tres años.

La primera banda congrega a las universidades no licenciadas que amparándose en la oportunidad brindada a las universidades públicas para presentar un plan de emergencia al Minedu para seguir funcionando, piden el mismo trato. A igual razón, igual derecho, aducen. En este punto se apoyan un error cometido por el gobierno que pretendiendo salvar a la única universidad pública no licenciada, diseñan una salida ad hoc sin considerar principios elementales del derecho. Mejor hubiera sido liquidar a la institución pública sancionada, y crear una nueva, o fusionarla con una licenciada. Pero claro, esto hubiese también obligado a aceptar que la moratoria de universidades y filiales no podía continuar, y dejar abierta la posibilidad de que las privadas no licenciadas hicieran lo mismo. Preocupación que carece de sentido en la medida que las nuevas deben también ser autorizadas por SUNEDU si cumplen con las condiciones básicas.

La segunda banda consiste en evitar abrir filiales, ni universidades por tres años. ¿A quién beneficia? Para contestar esta pregunta veamos primero el concepto de filial. En el caso de universidades se refiere a las entidades creadas fuera de la jurisdicción política en la que se encuentra la sede principal o casa matriz. No crear filiales implica entonces limitar la competencia entre las instituciones que ya operan en una jurisdicción determinada. Ocurre lo mismo al prohibir que se creen nuevas universidades. Es decir, se benefician los que primero llegaron, solo ellos pueden seguir funcionando y crecer. Dicho de otra manera, es como limitar el número de cazadores en un coto de caza, pero permitir que cacen lo que puedan.

La tercera banda, es la creación de CONAU para neutralizar la capacidad sancionadora de SUNEDU. Hasta ahora las decisiones de cualquier superintendencia solo pueden ser revocadas por el poder judicial, y eventualmente por una instancia internacional. Sin embargo, los autores del dictamen que analizamos quieren una instancia adicional ¿Qué efecto tiene esto? Primero la autoridad del regulador disminuye, ya que siendo una instancia administrativa debe someterse a otra similar cuyo único objetivo es discutir sus resoluciones, convirtiéndose esta última de hecho en la entidad que, valida las acciones de supervisión, genera jurisprudencia, y regula al regulador. Es importante además observar que en el CONAU propuesto participan dos representantes de universidades, un vocal supremo, el defensor del pueblo, un congresista, y un funcionario del Ministerio de educación, denotando no solo un fuerte desbalance de poderes, sino cometiendo una aberración jurídica al incorporar a las universidades que son juez y parte en los procesos. Imagine que las decisiones de la Superintendencia de banca y Seguros puedan revisarse en una instancia en la que participan los representantes de las empresas cuestionadas.