Son varias las preguntas que rondan cuando pensamos en la reconstrucción ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? ¿Qué será lo primero? ¿Quién estará a cargo? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo prevenir la corrupción? ¿Cómo hacer para que el dinero sea bien invertido? Etc.  

Trataré de responder algunas de ellas tomando como piedra de toque al sector educación.

La reconstrucción debe empezar junto con la mitigación de los desastres señalando cuáles son los centros educativos que no volverán a ser utilizados porque se encuentran en zonas de riesgo y por tanto identificando donde se construirán los nuevos locales. El diseño de estos nuevos colegios habrá que hacerlo pensando en los diversos servicios que la política educativa viene proponiendo implementar en la escuela pública: la ampliación de la jornada en primaria y secundaria, contar con espacios administrativos, de recreación y deporte, así como de biblioteca y sala de usos múltiples para teatro, danza o música, acondicionamiento para el uso de tecnologías, mobiliario adecuado, sistema sanitario conectado a la red de la localidad, servicio psicopedagógico, etc. Pensando en eficiencias, economías de escala y las capacidades del sistema ¿no sería la hora de proponer centros de servicios que puedan funcionar como núcleos de redes de colegios, tanto en zonas urbanas como rurales?

Es importante también considerar el tamaño de las escuelas, hacer colegios para más de mil estudiantes puede satisfacer a los economistas y hacer la vida fácil a los ingenieros, pero es una mejor inversión a largo plazo contar con instituciones más pequeñas y con mejores servicios para favorecer las actividades pedagógicas.

Pero la reconstrucción no solo es material. También se trata de recuperar socioemocionalmente a las personas que han enfrentado situaciones traumáticas. Los profesores son parte de los damnificados y es necesario conocer su situación y apoyarlos para que puedan reintegrarse a sus labores, no hay que dejar de pagar a los contratados a cuenta de las clases de recuperación o de otras tareas educativas. Son necesarias brigadas de acompañamiento que refuercen la capacitación docente vinculándola a las nuevas tareas que exige el contexto post inundación, relacionadas con la alimentación, la salud y el trabajo. Paralelamente hay que considerar la atención a los profesores y sus familias organizándolos a través de las UGEL, así como incorporar a jóvenes universitarios y profesionales a esta tarea. Su participación es una enorme oportunidad para su mejor formación profesional y ciudadana.

Los centros educativos deben organizarse para atender a los niños y niñas que deben recuperarse de los traumas del desastre y al mismo tiempo cuidar su salud y servir de vehículo de comunicación con los padres de familia. Esto supone que los colegios no deben convertirse en refugios, y si lo han sido debe verse la manera de restablecer su funcionamiento estableciendo campamentos apropiados para los refugiados, o levantar escuelas provisionales módulos prefabricados cuando sea necesario.

La prioridad deben ser los niños, su salud, su educación y sus familias. Para ello las clases deben empezar lo antes posible asegurando que poco a poco se cuente con materiales básicos para trabajar cada unidad del currículo (¿habrá nuevo currículo en éstas zonas?), papel, lápiz, pizarra, plumones, tizas. Entre las unidades habrá que incorporar el currículo de mitigación de desastres que incluya cuidado del agua, manejo de excretas, preparación de alimentos, cuidados de la salud y protocolos de requerimiento de atención médica. Es necesario que las UGEL coordinen con los otros sectores la atención a los niños y adolescentes.

La reconstrucción en el sector educación termina cuando todos los centros educativos que han servido de refugios hayan sido devueltos, y cuando no hay escuelas prefabricadas funcionando. Cuando todos los alumnos de la región sean atendidos desde inicial hasta secundaria.

¿Cómo organizar la intervención?,

Desde mi punto de vista hay que definir con claridad los roles de las instancias de gobierno y de las instituciones que servirán de instrumento para llevar adelante la reconstrucción. El gobierno nacional desde PCM brinda los criterios para el ordenamiento territorial en cuanto a la reubicación de los servicios públicos, a las garantías para la seguridad ciudadana, la administración responsable de la justicia y el desarrollo de los programas de vivienda. Por otro lado, se debe coordinar con el sector privado la creación de mecanismos rápidos de inversión para la rehabilitación y construcción de nueva infraestructura, lo que supone promover (con las modificaciones necesarias) medidas como la de obras por impuestos (OxI), Asociación Público Privada (APP), y licitaciones por adjudicación directa cuando fuera el caso.

Los gobiernos regionales serían responsables directos de la reconstrucción, para lo cual se transferirían los recursos necesarios. Los gobiernos locales pueden ser responsables del reacondicionamiento y reparaciones de los locales que no haya que reubicar, así como coordinar con las UGEL la programación para el inicio de clases, el apoyo a las familias de los docentes y desalojo de los centros educativos utilizados como refugio. Para ello se requiere además contar con los cuadros profesionales necesarios que permita la reconstrucción de un servicio civil meritocrático, además de adecuadamente remunerado.

Finalmente, es seguro que los avances en la reconstrucción no satisfarán las expectativas de los pobladores y menos de los políticos de oposición, por ello hay que incorporar a los alcaldes, representantes subregionales y regionales en el proceso, contar con mecanismos claros de rendición de cuentas y participación ciudadana. Contar con calendarios claros y realizar campañas de comunicación que permitan recuperar la confianza en las autoridades, y promuevan la participación responsable y el control social.