El mismo día que el Tribunal Constitucional (TC) publicaba su resolución declarando infundado el pedido de inconstitucionalidad de la Ley Universitaria 30220,  un grupo de rectores a través de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) promovía que en el Congreso de la República se presentara un proyecto de ley con la intención de permanecer en sus cargos, enfrentando en los hechos la sentencia del TC.  

En su fallo el TC, en referencia a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ratificaba que: “este Tribunal dispuso que debía crearse "una Superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial, y supervisada eficientemente por el Estado" y, por lo tanto, estableció que dicha autoridad tenga el carácter de "autoridad central de supervisión". Eso es lo que hace el articulo 22 de la ley impugnada, y, por ende, no resulta contrario a la Constitución.”

Por el contrario, la ASUP en comunicado publicado el 11 de noviembre insistió en su posición contraria a la ley y a la SUNEDU. La Superintendencia había establecido varios meses atrás un calendario para la renovación de Estatutos y de autoridades proceso que debería culminar el 31 de diciembre del presente año. En ese comunicado, con la excusa de la defensa de la autonomía universitaria, los rectores expresan su resistencia a las indicaciones de SUNEDU argumentando que son la Asamblea Estatutarias y los Comités Electorales Universitarios quienes deben determinar el calendario de elecciones.

El caso emblemático, de la incoherencia entre lo que dicen y hacen algunas autoridades universitarias, es la situación de la Universidad Mayor de San Marcos y el desempeño de su Rector que, de diversas maneras, ha buscado postergar y obstaculizar la implementación de la Ley Universitaria y la labor de la SUNEDU, llegando al extremo de declarar que la ley propicia el retorno del terrorismo a la Universidad.  

El accionar del Rector ha llevado a que tanto la Federación de Estudiantes (FUSM), el Sindicato de Docentes, así como la Vicerectora Académica y distintos Decanos de esa casa de estudios se hayan pronunciado públicamente por la conformación de un Comité Electoral cuya composición respete los requisitos establecidos por SUNEDU, criticando directamente la intervención ilegal del Rector en la marcha del proceso. 

Es preocupante que sea un grupo de rectores el que ponga por encima del cumplimiento de la ley la defensa cerrada de su permanencia en los cargos, renunciando a la razón de ser de la Ley Universitaria, que es precisamente asegurar la buena marcha de la universidad a través de la calidad de la enseñanza que brindan. Quienes se encuentran involucrados en estas acciones son quienes debieran ser los principales exponentes del respeto a las instituciones y a sus fallos, alejándose del uso de subterfugios que en la práctica buscan desconocer la ley y a quienes tienen la atribución de establecer su legitimidad basada en la Constitución de la República. 

Hemos sido informados que el día de mañana el Congreso de la República tratará en el Pleno el pedido de un grupo de congresistas para que estas autoridades se mantengan en los cargos. Confiamos que la mayoría del Congreso ratifique la disposición que mostró al aprobar la Ley Universitaria de ser parte del proceso de recuperar a la Universidad Peruana de la crisis en la que está hoy inmersa.